“Desaparición Forzada y a Manos de Particulares. Evolución de la técnica de la detención, tecnología de la represión e industria de la desaparición”

Abstract

La Desaparición de Personas ya sea forzada (ejecutada por el Estado), o a manos de particulares constituye un delito que provoca múltiples violaciones a los derechos humanos, hacia la víctima y sus familiares. Toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento permanente y continuado en sus familiares al ignorar el destino final que aquéllas correrán, generando por tiempo indefinido temor e incertidumbre por desconocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico, de salud física y mental. El delito de desaparición de personas tiene un efecto social demoledor, desaparecer a una persona, es arrancarla de su entorno, de su familia, de su vida, sustraerla e invisibilizarla. La persona desaparecida, esta, hasta el día de su localización (viva o muerta), en el limbo, la cancelación, y por supuesto los familiares de estas víctimas se encuentran en la incertidumbre y no sólo por no saber del paradero de su familiar, sino, por no tener certeza de que la persona esté viva o muerta. En México este delito se generalizo a partir de diciembre de 2008, a raíz de la estrategia del Gobierno Federal para enfrentar la creciente inseguridad y actividades del crimen organizado, la cual fue presentada como la “guerra contra el Narcotráfico”. Las desapariciones fueron ejecutadas en su gran mayoría por personas vinculadas a los grupos del crimen organizado, como un mecanismo de control, terror y “respuesta” a esta estrategia del Gobierno de Felipe Calderón; sin dejar de mencionar que fuerzas del orden público de distintas corporaciones en los tres niveles de gobierno, realizaron desapariciones forzadas de personas. El contexto nacional sobre la desaparición de personas nos indica que al día 16 de septiembre de 2024 (de acuerdo con Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), se reportan de manera oficial 104,754 personas desaparecidas, 10,841 personas no localizadas y 16,466 localizadas sin vida. La violencia en México se agudizo desde aquel 11 de diciembre de 2006, antes de ello, los desaparecidos en nuestro país ascendían desde el primero de enero de 1962 (fecha con la que inicia la contabilidad por el RNPDNO1) y hasta el 30 de noviembre de 2006 a 2247personas desaparecidas. Ya en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa2 ascendió a 17,074 personas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto3 la cifra se elevó a 34,525 personas desaparecidas y en lo que va del presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador la cifra asciende a 44,577 desaparecidos, es decir en los 1743 días del gobierno de López desparecen en México 25 personas al día, una persona por hora, con estas cifras, el período actual del presidente acabará con aproximadamente 53,000 personas desaparecidas. Ese es el tamaño de la tragedia, en un país que es una gran fosa clandestina. La situación se agrava por el hecho de que no existen cifras oficiales precisas y confiables de personas desaparecidas, ya que el gobierno mexicano ejecutó un nuevo “Censo de Personas Desaparecidas” durante 2022 y 2023 con lo que se dejaron de reconocer al menos once mil personas que se encuentran desparecidas pero el gobierno las dio por localizadas. La base de datos que ofrece el RNPDNO es la única herramienta con la que cuenta el gobierno para llevar el registro público de las personas que se encuentran en esta condición en México. Existe además a la crisis en materia de desaparición de personas, el desaparecido social, aquella persona que, sin estar físicamente desparecida, es excluida de la vida social, se encuentra aislada de la posibilidad de progresar y está sometida por las condiciones económicas que profundizan su aislamiento. Muchas veces caminamos a lado de los desparecidos sociales sin siquiera reparar en su existencia. Los campamentos de migrantes, los campamentos de personas sin hogar en los camellones, bajo puentes o glorietas de avenidas importantes.